Batalla Legal en Chihuahua: Congreso Promueve Juicio de Inconstitucionalidad contra la Nueva Ley de Aguas
CHIHUAHUA, CHIH.— El Congreso del Estado de Chihuahua ha dado un paso firme para impugnar la recién aprobada Ley General de Aguas, votando mayoritariamente a favor de promover un juicio de controversia constitucional. La acción se fundamenta en la presunta violación a la autonomía municipal y la grave omisión de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
En una sesión donde se evidenció una profunda división partidista, la mayoría conformada por 13 diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y 3 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó un punto de acuerdo. Este exhorta a los ayuntamientos a sumarse a la batalla legal, argumentando que la nueva ley vulnera su capacidad constitucional de proveer y administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento.
Alerta Indígena y Autonomía Municipal
La principal crítica de la coalición PAN-PRI se centra en dos ejes:
Omisión Indígena: La ley afecta directamente los sistemas comunitarios de abasto de líquido de los pueblos originarios sin haber cumplido con la obligatoria consulta previa establecida en el Artículo 2º constitucional.
Afectación Municipal: Se cuestiona la violación a la autonomía de los municipios, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido previamente el interés legítimo de los ayuntamientos en la provisión de este servicio vital.
División en el Pleno y Críticas al «Centralismo»
La propuesta fue rechazada por 12 legisladores de la minoría (Morena y Partido del Trabajo), quienes no lograron frenar su aprobación. El debate se tornó acalorado, destacando la oposición de la representante indígena de Guachochi, Edith Palma Ontiveros, quien utilizó la lengua rarámuri para denunciar que el movimiento del PAN-PRI no representa los intereses de la Sierra Tarahumara.
«Una autoridad chabochi (mestizo) pretende usurpar la personalidad jurídica de gobernadoras y gobernadores indígenas… nos utilizan,» sentenció Palma, acusando a la mayoría de instrumentalizar la causa indígena.
Por su parte, el diputado priista Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Poder Legislativo, criticó duramente la Ley General de Aguas, calificándola de «centralista» y «autoritaria». Sostuvo que la legislación fue aprobada de forma acelerada, sin el diálogo necesario y sin considerar las voces del campo chihuahuense y los productores que dependen del agua para la seguridad alimentaria del país.
Ramírez alertó sobre la creación improvisada del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, un mecanismo cuyas reglas de operación no están claras y se definirán por reglamento, lo que, a su juicio, «abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción» en un tema tan sensible como el manejo del recurso hídrico.
