Dinero público disfrazado de ganadería”: así desfilan los millones señalados por la FGR
En un nuevo capítulo explosivo del histórico caso de corrupción en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) no solo apunta con dureza al exgobernador César Duarte Jáquez. Ahora, señala directamente a su esposa —Bertha Olga Gómez Fong— como pieza clave de una red de desvío millonario disfrazado como apoyo al sector ganadero. Según los cargos presentados en la audiencia del 9 de diciembre de 2025, entre 73.9 y 76 millones de pesos del erario fueron canalizados a través de empresas controladas por la pareja.
Qué acusa la FGR
La FGR sostiene que durante el gobierno de Duarte (2010–2016) fondos públicos que supuestamente irían dirigidos al desarrollo ganadero fueron desviados a empresas que él controlaba. Entre ellas figuran Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, donde Duarte era accionista mayoritario y presidente del consejo.
Además, según la acusación, fondos públicos también terminaron en compañías donde Gómez Fong aparece como “socia mayoritaria y representante legal”: Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral. De ahí derivaron transferencias a cuentas personales —de Duarte o de su esposa— y hasta un pago con tarjeta de crédito a nombre de ella.
El Ministerio Público presentó como evidencia dictámenes contables, auditorías estatales, declaraciones patrimoniales y registros fiscales y bancarios que documentan las transferencias y el uso del dinero. Hasta el momento se habla de más de 100 datos de prueba en la carpeta.
Desarrollo judicial: nueva imputación y prisión preventiva
En la audiencia inicial celebrada en el penal federal del Altiplano, la juez de control impuso prisión preventiva justificada al exgobernador.
Aunque la defensa intentó suspender la audiencia argumentando un amparo, la autoridad lo rechazó, al considerar que los cargos actuales corresponden al fuero federal y no al estatal.
La acusación formal abarca un presunto desvío de cerca de 96.6 millones de pesos durante su sexenio; de ese monto, alrededor de 73.9 a 76 millones habrían sido “lavados” mediante empresas propias y del entorno familiar.
Qué significa para Bertha Olga Gómez Fong (y para Chihuahua)
Este nuevo giro del caso podría colocar a Gómez Fong en el epicentro de un escándalo mayúsculo: ya no se la ve sólo como “esposa del exgobernador”, sino como presunta pieza operativa del flujo ilegal de recursos. Si las pruebas de la FGR prosperan, ella podría enfrentar cargos por complicidad en lavado de dinero o desvío de recursos públicos, lo que representaría un golpe fuerte no sólo para su reputación, sino para todo el entramado de corrupción política que implicaría —posiblemente, con ramificaciones más allá de Chihuahua.
Además, este caso pone en el ojo público el uso de empresas “fantasma” o fachada como engranajes de esquemas de corrupción: recursos públicos que debieron destinarse a apoyar al campo —a víctimas reales del deterioro rural— terminaron en cuentas bancarias privadas
Un capítulo clave en la búsqueda de justicia
La imputación contra César Duarte y la inclusión de Bertha Olga Gómez Fong en las acusaciones representan un momento definitorio en la lucha contra el desvío y lavado de recursos en México. Es un acto de rendición de cuentas tardío, sí —pero uno que podría sentar precedentes. Con decenas de pruebas documentales sobre la mesa, el proceso judicial que hoy inicia podría marcar la diferencia entre impunidad y justicia efectiva.
