Propone PVEM castigar con cárcel el uso indebido de la Pensión Bienestar por parte de familiares
CIUDAD DE MÉXICO. – Con el objetivo de erradicar la violencia patrimonial contra las personas de la tercera edad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa ante el Congreso para sancionar penalmente a quienes dispongan, sin consentimiento, de los recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Hacia una protección del patrimonio senil
La propuesta, impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero, busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El eje central es tipificar como delito el abuso económico, una práctica que, según estadísticas, afecta a tres de cada diez adultos mayores en el país.
La iniciativa responde a denuncias recurrentes sobre familiares (hijos, nietos o cuidadores) que retienen tarjetas bancarias, realizan retiros no autorizados o ejercen presión emocional para obtener el apoyo federal destinado exclusivamente a la alimentación y salud del beneficiario.
Sanciones propuestas: Rigor contra el abuso
El proyecto de ley contempla un esquema de castigos severos para quienes vulneren la autonomía financiera de los mayores de 65 años:
Penas de prisión: De cuatro a ocho años de cárcel para los infractores.
Multas económicas: Sanciones que van de los 200 a los 500 días de multa.
Agravantes: Las penas podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento si la víctima presenta alguna discapacidad o limitación cognitiva que dificulte su defensa.
Persecución de oficio: Se busca que el delito sea perseguido sin necesidad de una denuncia formal por parte del afectado, facilitando la intervención de las autoridades en casos de vulnerabilidad extrema.
Un sector prioritario bajo la lupa legislativa
La diputada Huerta Romero subrayó que este tipo de conductas no solo son un abuso de confianza, sino una forma de violencia económica que deja a los ancianos sin acceso a medicinas y atención médica digna. Al ser un grupo históricamente vulnerable, la iniciativa plantea que la protección del Estado debe extenderse hasta el interior del núcleo familiar cuando el derecho a una vida digna es comprometido.
La propuesta pasará a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, abriendo un debate necesario sobre la seguridad financiera de los adultos mayores en México.
