Suspenden a juez tras polémica reclasificación en el caso de la maestra Edna Chávez
Hidalgo del Parral, Chih. — En una determinación que marca un precedente en el sistema judicial local, el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión del juez penal Manuel Jurado Torres. La medida responde a una serie de presuntas irregularidades señaladas por la familia de la docente Edna Marilin Chávez, quien perdió la vida el pasado mes de febrero en un incidente donde se involucra a su pareja sentimental.
El origen del conflicto: De feminicidio a homicidio imprudencial
La controversia escaló tras la audiencia de control del 9 de febrero. Mientras que la Fiscalía formuló una acusación formal por el delito de feminicidio, el juez Jurado Torres determinó reclasificar el caso como homicidio imprudencial.
Esta decisión generó una inmediata indignación entre los familiares de la víctima, quienes argumentaron que la resolución minimizaba la gravedad de los hechos y no correspondía a la naturaleza de la agresión que sufrió la maestra.
Los señalamientos contra el juzgador
La denuncia presentada ante el órgano disciplinario —integrado por los magistrados Paco Acosta Molina, Nancy Escárcega, Yadira Graner, Daniel Meza y Jazmín Alanís— detalla diversos puntos que motivaron la suspensión:
Posible conflicto de interés: Se investiga un presunto vínculo laboral previo entre el juez y el abogado defensor del imputado.
Estrategia de defensa: La familia cuestionó que durante el proceso se intentara involucrar a la hermana de la víctima, situación que consideraron un agravio adicional.
Competencia jurídica: La queja señala una posible falta de conocimiento técnico al momento de emitir la resolución.
Un paso hacia la transparencia
Tras analizar los elementos aportados por la familia de Edna Marilin, el Tribunal determinó separar de sus funciones a Jurado Torres mientras se profundiza en el análisis de su actuación.
Para los allegados de la docente, esta suspensión representa un avance significativo en su exigencia de justicia, reafirmando su postura de que el caso debe ser juzgado con perspectiva de género y bajo el rigor que la ley exige para delitos de esta naturaleza. El proceso continúa bajo la lupa de las autoridades judiciales para garantizar el debido proceso y la imparcialidad en las próximas etapas.
