Ofensiva legal contra Rocha Moya: PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa
El escenario político nacional se sacude tras la ofensiva frontal lanzada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ante las recientes acusaciones de autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el narcotráfico, el blanquiazul ha desplegado una estrategia legal que busca desde el juicio político hasta la intervención internacional.
Escalada a instancias internacionales
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, subió el tono de la confrontación al anunciar que el partido acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI). La intención es denunciar supuestos crímenes de lesa humanidad derivados de una presunta asociación entre integrantes de Morena y organizaciones criminales.
»Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad», sentenció Romero, calificando la situación como una crisis institucional sin precedentes.
Ruta constitucional: Desaparición de poderes
La estrategia parlamentaria, coordinada por Elías Lixa en la Cámara de Diputados, marca el inicio de una ruta constitucional que contempla:
- Juicio Político: Formalizado contra Rocha Moya como respuesta a la supuesta «captura criminal» del poder público.
- Desaparición de Poderes: Una solicitud formal ante el Senado para intervenir en Sinaloa debido a la crisis de seguridad.
- Soberanía Legal: Lixa enfatizó que la defensa del país consiste en aplicar la ley y no en proteger figuras vinculadas a la criminalidad.
»Narcopartido» y exigencia de extradición
Desde la Cámara Alta, el senador Ricardo Anaya Cortés acusó a la administración actual de utilizar «distractores» para desviar la atención de lo que llamó la consolidación de un «narcopartido» en el poder.
Anaya fue contundente al asegurar que la evidencia existente es suficiente para exigir no solo la detención inmediata de Rocha Moya, sino también su extradición a los Estados Unidos, para que el mandatario con licencia rinda cuentas ante la justicia norteamericana.
