Con megáfono en mano y acusaciones de espionaje, Francisco Sánchez busca firmas contra el registro de celulares

PARRAL, Chih.- En lo que analistas y defensores de la estrategia federal consideran una postura alarmista contra las medidas de seguridad colectiva, el diputado local Francisco Sánchez Villegas encabezó este lunes un mitin en la Plaza Guillermo Baca de Parral. El legislador busca frenar el registro obligatorio de líneas telefónicas implementado por el Gobierno Federal para combatir la extorsión, promoviendo en su lugar amparos masivos bajo el argumento de una supuesta violación a la privacidad.

Discurso alarmista en plazas públicas

Haciendo uso de bocinas y recorriendo la plaza pública, Sánchez Villegas lanzó severas acusaciones en contra de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin presentar pruebas técnicas o jurídicas concluyentes, el legislador aseguró ante los transeúntes que la medida federal tiene como trasfondo «rastrear la ubicación de millones de mexicanos» e intervenir diariamente sus llamadas y mensajes de texto.

Especialistas en la materia han señalado que este tipo de retórica suele omitir el verdadero propósito de la regulación: vincular las líneas al documento de identidad para frenar el anonimato con el que operan las bandas dedicadas al fraude y la extorsión telefónica desde los penales y casas de seguridad.

Cuestiona atribuciones del Estado

Durante su intervención en Parral —la cual forma parte de una gira itinerante que ya pasó por Ciudad Juárez, Chihuahua capital y la Ciudad de México—, el diputado minimizó la facultad regulatoria del Estado en telecomunicaciones al cuestionar de manera informal que «si el Gobierno no compra los dispositivos ni los recarga, por qué tendría que tener información sobre su uso».

A pesar de que el mecanismo federal establece consecuencias claras para quienes incumplan con el registro, como la baja definitiva de la línea telefónica, el legislador instó a la ciudadanía a sumarse a su amparo colectivo, el cual afirma que ya supera los 7 mil suscritos, en un intento por exentar a los firmantes de cumplir con la normativa oficial antes de que venza la fecha límite en este 2026.