PRESENTAN QUEJA CONTRA JUEZA PENAL MARGARITA PIÑÓN
Fue ante el Tribunal de Disciplina Judicial
El juez penal Manuel Jurado Torres presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en contra de la jueza Martha Margarita Piñón Aldana, adscrita al Distrito Judicial Hidalgo, en la que solicita investigar diversas conductas que, a su juicio, podrían constituir faltas administrativas graves y transgresiones a los principios éticos que rigen la función jurisdiccional.
En el escrito, promovido con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Jurado Torres expone diversos hechos que considera relevantes para que sean investigados por la autoridad disciplinaria.
Entre los principales señalamientos, el promovente afirma que en septiembre de 2025 la jueza le envió, mediante WhatsApp, una nota periodística relacionada con un caso penal de interés público y posteriormente emitió expresiones despectivas respecto de una persona involucrada, conducta que, según sostiene, resulta incompatible con los principios de imparcialidad, prudencia y respeto que deben observar las personas juzgadoras.
Asimismo, el documento refiere que, durante una convivencia institucional celebrada en octubre de 2025, la jueza presuntamente le solicitó grabar de manera clandestina a un magistrado del Poder Judicial, incluso indicándole que colocara su teléfono celular en modo avión para evitar interrupciones. El promovente considera que esa conducta, de acreditarse, sería contraria a los principios de lealtad institucional, integridad y confianza que deben prevalecer entre integrantes del Poder Judicial.
La queja también incorpora señalamientos relacionados con el ambiente laboral en el juzgado donde desempeña funciones Piñón Aldana. Jurado Torres afirma que diversos servidores públicos le relataron presuntos episodios de maltrato, humillaciones públicas, gritos y expresiones ofensivas hacia personal adscrito al órgano jurisdiccional, así como conflictos con otras servidoras públicas. El escrito aclara que estos hechos fueron narrados al promovente por distintas personas y solicita que sean investigados por la autoridad competente.
Otro de los apartados sostiene que, dentro de un procedimiento por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, la jueza habría formulado una afirmación falsa respecto de la trayectoria profesional del propio Manuel Jurado Torres, al señalar que había sido socio de un despacho jurídico. El promovente niega categóricamente esa versión y afirma que toda su carrera se ha desarrollado en el servicio público, por lo que considera que dicha manifestación afecta su reputación profesional.
En el apartado jurídico, el promovente argumenta que los hechos descritos podrían actualizar diversas hipótesis de responsabilidad previstas en el artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, relacionadas con la preservación de la dignidad, imparcialidad, profesionalismo e integridad que deben observar quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
Como parte de las pruebas ofrecidas, el juez señala que exhibe capturas de pantalla de conversaciones sostenidas mediante WhatsApp, con las que pretende acreditar algunos de los hechos denunciados.
