Impulso Legislativo en México: Buscan Erradicar el Término ‘Anciano’ de las Leyes por Considerarlo Discriminatorio
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de diciembre de 2025— El Congreso mexicano y diversas legislaturas estatales están impulsando una serie de reformas legales destinadas a eliminar el uso de la palabra «anciano» y otros términos similares de los códigos y leyes oficiales del país. El objetivo principal de estas iniciativas es estandarizar el uso del término «persona adulta mayor» para garantizar un lenguaje incluyente y respetuoso.
La motivación central detrás de estas propuestas radica en la necesidad de combatir la discriminación y la estigmatización que se asocia a menudo con palabras como «anciano», «viejo» o «tercera edad» en el ámbito jurídico y social.
El Debate del Lenguaje y la Dignidad
Legisladores y organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sostienen que el lenguaje legal debe alinearse con la dignidad humana y los derechos establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México.
Al sustituir «anciano» por «persona adulta mayor» (definida legalmente como la persona de 60 años o más), se busca:
Eliminar Sesgos: Evitar que el lenguaje legal perpetúe estereotipos negativos o peyorativos sobre este grupo demográfico.
Garantizar la Dignidad: Promover un trato justo y respetuoso en todos los documentos y procedimientos oficiales.
Homologar Criterios: Estandarizar la terminología en todo el marco jurídico nacional.
Alcance de las Reformas
Las iniciativas presentadas buscan reformar una amplia gama de instrumentos legales, incluyendo:
Códigos Penales: Modificar artículos relacionados con delitos contra este grupo.
Leyes de Salud: Actualizar la denominación de los beneficiarios y programas de atención.
Leyes de Desarrollo Social y Familiar: Cambiar los términos en la legislación sobre asistencia y bienestar social.
Aunque la discusión sobre el uso de la palabra en la conversación diaria es más amplia, las acciones legislativas se centran en limpiar el lenguaje formal del Estado, asegurando que su terminología refleje un compromiso con los derechos humanos y la no discriminación hacia la vejez.
