Investigación revela presunto esquema de desvíos millonarios en el municipio de Guadalupe y Calvo
GUADALUPE Y CALVO, CHIH. – Una profunda revisión administrativa ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras que comprometen la gestión de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego. Los hallazgos, que abarcan desde el ejercicio fiscal 2024, sugieren un manejo discrecional de recursos públicos que superaría los 154 millones de pesos, afectando directamente el desarrollo de infraestructura en la región.
Un presupuesto paralizado
El punto más crítico de la investigación señala que el Gobierno Municipal omitió ejercer más de 154 millones de pesos destinados originalmente a obra pública. Este recurso, que debió traducirse en beneficios tangibles para la comunidad, permaneció sin aplicación mientras el sistema contable del municipio operaba fuera de los márgenes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del CONAC, dificultando cualquier intento de fiscalización.
El rastro del dinero: Ingresos y patrimonio desaparecidos
La auditoría detectó que importantes sumas de dinero nunca llegaron a las arcas municipales o fueron gestionadas fuera de la ley:
Derechos de Alumbrado: Se omitió el registro de casi 1.4 millones de pesos correspondientes al DAP.
Venta de Activos: Vehículos propiedad del municipio fueron vendidos por un total de 2.1 millones de pesos sin respetar la Ley de Bienes del Estado; dicho monto no figura en los registros de ingresos oficiales, lo que constituye una falta administrativa grave.
Privilegios en la nómina y falta de transparencia fiscal
Mientras la inversión en obras se detenía, el gasto en servicios personales se disparó. Se documentó el pago de más de 15 millones de pesos en compensaciones y aguinaldos, bajo un esquema que presuntamente evadió al SAT. Adicionalmente, se detectó un millón de pesos por concepto de ISR que no fue enterado a las autoridades hacendarias y una cifra de 11 millones de pesos en nóminas adelantadas que permanecen sin justificación.
Red de proveedores bajo sospecha
La investigación pone la lupa sobre 31 proveedores de servicios de construcción, fletes, maquinaria y alimentos. Estos actores habrían recibido pagos cercanos a los 11 millones de pesos sin presentar comprobantes fiscales válidos que respalden la entrega de bienes o servicios. A esta falta de comprobación se suman 3 millones de pesos destinados a apoyos sociales de los cuales no existe evidencia de entrega a los beneficiarios.
Opacidad en la deuda y adquisiciones
Finalmente, la administración ha sido señalada por la adquisición de vehículos nuevos —incluyendo una camioneta de gama alta— por más de 2.6 millones de pesos, al mismo tiempo que incumplió con la obligación de publicar el estado de su deuda pública en el Periódico Oficial del Estado, cerrando el paso a la rendición de cuentas.
