Ruptura definitiva: Sergio Mayer se adelanta a sanción de Morena y renuncia a la militancia
Ciudad de México.– El diputado federal Sergio Mayer Bretón formalizó su renuncia irrevocable a las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Comité Ejecutivo Nacional y el Instituto Nacional Electoral (INE). Con este movimiento, el legislador se anticipó a la resolución de un proceso sancionador interno y continuará sus funciones en la LXVI Legislatura de manera independiente.
De las pantallas al conflicto partidista
La separación es el resultado de varios meses de tensiones acumuladas que iniciaron en febrero pasado, cuando Mayer solicitó licencia a su cargo parlamentario para participar en el reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo.
Esta decisión provocó un fuerte descontento tanto en la opinión pública como al interior del partido, desencadenando dos frentes principales:
El proceso interno: La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena abrió un expediente en su contra por presuntamente afectar la imagen del instituto político y anteponer intereses personales. Como medida cautelar, sus derechos partidistas ya se encontraban suspendidos.
La reforma reglamentaria: De forma paralela, legisladores de su propia bancada impulsaron una iniciativa el pasado 15 de abril para reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados. La propuesta busca restringir las licencias parlamentarias, permitiéndolas únicamente por causas de fuerza mayor o interés público, una medida bautizada mediáticamente como la «iniciativa anti-Mayer».
Baja del padrón y futuro en San Lázaro
Al optar por la renuncia irrevocable en lugar de continuar con su defensa en los tribunales internos del partido, la CNHJ de Morena dio por concluido el procedimiento, ordenando su baja definitiva del padrón de afiliados y la inhabilitación para postularse bajo estas siglas en el futuro.
Situación actual: Sergio Mayer retiene su curul en el Congreso de la Unión, pero operará sin el respaldo de ninguna bancada. El caso deja abierto un precedente en el Poder Legislativo sobre el compromiso ético de los funcionarios electos y los límites de las licencias para proyectos del ámbito privado.
