Proponen ley para que ahora los medios de comunicación se sometan a lineamientos
CDMX.- Si has escuchado noticias recientemente y sientes que medio país está discutiendo sobre algo llamado «derechos de las audiencias», no estás solo. El tema trae un revuelo tremendo en el Congreso, en los medios y en las conferencias mañaneras, convirtiéndose en el debate político del momento.
Pero, ¿de qué se trata realmente y por qué causa tanta polémica? Aquí te lo contamos masticadito y sin palabras domingueras.
¿De qué va todo este asunto?
El gobierno federal puso sobre la mesa una serie de reglas (unos lineamientos) para la radio y la televisión. La idea principal sobre el papel suena muy bien: proteger a las personas que ven y escuchan noticias para que reciban información clara, veraz y sin trampas.
Bajo estas nuevas normas, los noticieros y programas tendrían que cumplir con obligaciones muy específicas:
Separar la manzana de la pera: Indicar claramente en pantalla o con voz cuándo un periodista está dando una noticia comprobada y cuándo solo está diciendo su opinión personal.
Adiós a la publicidad encubierta: Que no te vendan un producto, marca o propaganda política disfrazada de información seria.
Derecho de réplica real: Facilitar que cualquier ciudadano o el propio gobierno puedan exigir una aclaración inmediata si consideran que un medio difundió información falsa o los afectó.
Un «defensor» en cada medio: Obligar a las empresas de radio y tele a tener una persona interna que reciba las quejas del público.
El gran pleito: ¿Protección o censura?
El problema no es lo que dice la ley, sino quién decide cómo se aplica. El país está partido en dos bandos con opiniones totalmente encontradas:
Lo que defiende el gobierno: La administración federal asegura que esto no es censura. Argumentan que solo se busca garantizar un derecho constitucional para que las televisoras y radiodifusoras no manipulen a la gente, señalando que quienes protestan solo extrañan los privilegios del pasado.
Lo que grita la oposición y los críticos: Por otro lado, analistas, opositores y organizaciones de periodistas pegaron el grito al cielo. Acusan que este proyecto es, en realidad, un disfraz para controlar la información. Su mayor miedo es que sea el gobierno quien termine decidiendo qué es «verdad» y qué es «falsa», abriendo la puerta a multas millonarias y a silenciar a los críticos o a la prensa incómoda.
El revuelo en el Congreso ocurre porque este debate toca una fibra finísima: el límite entre cuidar que los medios no engañen a la gente y evitar que el poder político controle lo que se vale decir, opinar y criticar en México.
