El feminicidio de una niña indígena de 13 años archivado por negligencia institucional
6 de abril de 2016. Sobre el asfalto de la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona. Ante la falta de protocolos con perspectiva de género e infancia, las autoridades ministeriales minimizaron el caso y concluyeron de forma precipitada que se trataba de una trabajadora sexual de aproximadamente 28 años, descartando realizar una investigación exhaustiva. En tan solo tres días, el cuerpo fue enviado a una fosa común, bloqueando cualquier rastro inmediato de su identidad.
La verdad salió a la luz gracias a la intervención de la periodista y activista Frida Guerrera, quien logró conectar el hallazgo con un expediente de desaparición proveniente de Oaxaca. Tras las gestiones legales y la exhumación del cuerpo, las pruebas periciales confirmaron la verdadera identidad de la víctima: Karina Reyes Crescencio, una niña de apenas 13 años.
La barrera lingüística y el abandono institucional
El retraso inicial en la búsqueda se debió a la extrema vulnerabilidad de su entorno familiar. La madre de Karina es una mujer indígena de origen mixe que no habla español, una barrera que, sumada a la indiferencia burocrática, obstaculizó la presentación oportuna de la denuncia y dejó a la familia sin el respaldo del Estado en las primeras horas críticas tras su desaparición.
Estado del proceso legal
A más de una década de impunidad y tras la presión social sostenida, el presunto responsable, identificado como Mariano Hugo Garay, fue detenido. Actualmente, el procedimiento penal se encuentra empantanado debido a un recurso de amparo promovido por la defensa del imputado, mientras organizaciones civiles continúan exigiendo una sentencia condenatoria y la sanción a los servidores públicos que incurrieron en omisiones y falsas premisas durante el inicio de la investigación.
