Familiares de personas desaparecidas realizan acto de memoria en Chihuahua

Madres y familiares de víctimas de desaparición originarias de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua se reunieron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras 2025, convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). El evento concluyó con un mitin frente al antimonumento ubicado a las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde rindieron homenaje a sus seres queridos.

Durante la ceremonia, las familias colocaron 19 nuevas placas con nombres de personas desaparecidas, con el propósito de mantener viva su memoria y recordar la urgencia de atender esta problemática. Con estas adiciones, el antimonumento suma ya 311 nombres, un espacio que —según el Cedehm— representa la resistencia y el amor frente a la impunidad.

Las participantes aprovecharon el encuentro para exigir al Congreso y al Gobierno de Chihuahua que garanticen acciones reales en la búsqueda de personas y el acceso a la justicia. “Cada placa simboliza una vida y una familia que continúa esperando respuestas”, señalaron.

El encuentro también incluyó talleres, charlas y espacios de reflexión sobre el trabajo de la Fiscalía, los derechos de las víctimas y los mecanismos legales disponibles para la búsqueda. Las asistentes destacaron que estas actividades permiten fortalecer los lazos entre colectivos y recordar que la búsqueda debe ser una responsabilidad asumida por el Estado con compromiso y sensibilidad.

El Cedehm subrayó que, aunque existe una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, su aplicación efectiva sigue siendo uno de los principales retos. Las familias insistieron en que la próxima Fiscalía Especializada en Desaparición debe crearse con su participación directa y con los recursos suficientes para garantizar resultados reales.

“No queremos una institución simbólica, sino una que busque junto a nosotras, que escuche y actúe”, afirmaron.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos en Zihuatanejo, Guerrero, señalaron que el país aún no cuenta con la capacidad institucional necesaria para enfrentar la crisis de desapariciones, que continúa afectando a miles de familias mexicanas.