La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua va por las magistraturas tras el caso Jurado
Chihuahua, Chih.- La tensión institucional en Chihuahua escala a un nuevo nivel. Tras la caída y renuncia del juez penal Manuel Jurado a manos de la Fiscalía Anticorrupción (FACH), el fiscal Abelardo Valenzuela advirtió que existen catorce carpetas de investigación abiertas contra jueces de primera instancia y magistraturas, poniendo a prueba al recién estrenado sistema judicial electo por voto popular.
Mientras la FACH pisa el acelerador, en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial resuenan nombres y cuestionamientos sobre posibles redes de impunidad, colusión y tráfico de influencias.
Los casos en la mira
El debate interno y las denuncias públicas apuntan directamente a figuras clave del sistema:
El dilema del Tribunal de Disciplina: Se señala el caso de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, cuyo hermano —sentenciado por secuestro— obtuvo un régimen de semi-libertad a los pocos días de que ella asumiera el cargo, derivando en una denuncia ante la propia Fiscalía por posible tráfico de influencias y un silencio prolongado del órgano de control interno.
Polémicas resoluciones: Destaca también la actuación de la magistrada María Elizabeth Macías Márquez, quien revocó la vinculación a proceso en un caso de tentativa de homicidio calificado radicado en Parral, involucrando a familiares de actores políticos locales.
Fricciones plenarias: A esto se suman las recientes declaraciones del magistrado Rubén Aguilar Gil, quien denunció en sesión del Pleno presuntas presiones y un cúmulo de irregularidades en Gestión Penal, advirtiendo su intención de acudir a la vía penal ante la aparente inacción del Tribunal de Disciplina.
El desafío del nuevo modelo
El fondo del debate radica en la capacidad de respuesta del Tribunal de Disciplina Judicial, surgido de los procesos electorales de 2025. Expertos y sectores ciudadanos cuestionan si este organismo autónomo asumirá un rol fiscalizador activo o si mantendrá una postura pasiva frente a las indagatorias que encabeza la Fiscalía.
El reclamo generalizado de diversos sectores sociales y políticos coincide en un punto: la revisión de los actos de autoridad debe ser imparcial, transparente y ajena a filias partidistas o protecciones gremiales, garantizando que el nuevo diseño del Poder Judicial cumpla con la promesa de erradicar la impunidad.
