Desplazamiento forzado en Chihuahua: Entre la pugna criminal del Triángulo Dorado y megaproyectos mineros
Una crisis humanitaria silenciosa golpea las regiones serranas de Chihuahua. De acuerdo con un informe presentado este martes por organizaciones civiles tras una Misión Civil de Observación (MCO) realizada en mayo, la disputa territorial entre grupos del crimen organizado —principalmente en la zona limítrofe con Durango y Sinaloa— y la llegada de proyectos extractivos han intensificado de manera alarmante el desplazamiento forzado en la entidad.
Cifras que retratan el éxodo
Según estimaciones recopiladas por colectivos sociales y fuentes periodísticas, durante el año 2025 al menos 4,492 personas fueron desplazadas de sus lugares de origen en Chihuahua. Del total de esta población afectada, 1,335 personas provienen únicamente del municipio de Guadalupe y Calvo.
Ante la imposibilidad de permanecer en sus comunidades, las familias desplazadas han buscado refugio principalmente en centros urbanos como la capital del estado, Delicias y Parral.
Violencia extrema y opciones limitadas
El informe detalla que este éxodo no ocurre de manera espontánea, sino que es precedido por agresiones directas y focalizadas. Entre los métodos documentados se encuentran:
Amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas dirigidas contra liderazgos comunitarios.
Ataques generalizados e indiscriminados contra la población civil utilizando armas de alto calibre y drones equipados con explosivos.
Un patrón sistemático de reclutamiento forzado implementado por las estructuras criminales como herramienta de control territorial.
La MCO subraya que las comunidades rurales no participan en el conflicto, sino que quedan atrapadas en medio de una reorganización geoestratégica del crimen organizado a escala regional y nacional. Ante este escenario, los habitantes enfrentan tres únicas vías: integrarse obligatoriamente a las filas delictivas, sufrir agresiones directas o abandonar sus hogares.
El factor de los recursos naturales y la minería
Uno de los hallazgos centrales de la Misión Civil de Observación apunta a una conexión directa entre el desplazamiento de comunidades y el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales.
Este patrón de expulsión previa a la instalación de actividades económicas fue documentado de forma específica en casos concretos como Monterde (municipio de Guazapares), Los Trigos (municipio de Guachochi) y San Julián (municipio de Guadalupe y Calvo).
El informe pone en evidencia cómo la violencia estructural en la Sierra Tarahumara responde tanto a intereses de control del narcotráfico como a dinámicas económicas de despojo territorial, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema.
